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fundacion-sila-m-calderonHace unos días fueron reseñados en la prensa varios artículos sobre el Fideicomiso de las Comunidades Especiales. Fue justo antes de que nos azotara la Tormenta Irene. 

He querido esperar a que pasara lo peor de este evento, antes de expresarme públicamente sobre el tema. Siendo yo la persona que ideé e implanté el Fideicomiso Perpetuo como complemento al Proyecto de las Comunidades Especiales, quiero hablarle claramente al pueblo de Puerto Rico. Lo que ha sucedido con estos dos programas gubernamentales y la política pública que los sostenía, clama al cielo. Es algo que no tiene perdón.

 

En primer lugar, se anunció la semana pasada que el Fideicomiso para las Comunidades Especiales había "quebrado". Hoy les digo que el Fideicomiso no ha quebrado. Si acaso, "lo quebraron". Y si lo quebraron, fue por falta de interés, por negligencia, y quizás por razones que especulo pueden ser de índole política.

 

Esto no es algo que sucede así porque sí, ni de la noche a la mañana. Tampoco es algo que pueda quedarse sin clarificar. Es un asunto tan importante para los más necesitados, que es esencial se asuma responsabilidad y es indispensable que se haga un informe imparcial y transparente de la obra que se llevó a cabo y del manejo de estos fondos. Es lo menos a que los residentes de las Comunidades Especiales y el pueblo de Puerto Rico tienen derecho.

 

Por otro lado, la anunciada liquidación del Fideicomiso Perpetuo a favor de las comunidades pobres del país, en lo que a mí respecta, es un acto mezquino y posiblemente, ilegal. Todas las gestiones requeridas, desde el punto de vista jurídico, para que el Fideicomiso tuviera perpetuidad, se llevaron a cabo antes de finalizar mi término en la gobernación.

 

Déjenme compartir con ustedes lo que al respecto está contenido en el Código Civil. El Artículo 2553 del Título 31 (Art. 846 del Código Civil) prohíbe los fideicomisos perpetuos, excepto fideicomisos para fines no pecuniarios. En el caso del Fideicomiso para las Comunidades Especiales se constituyó a perpetuidad por ser un fideicomiso sin fines pecuniarios. Además, la Sección 2559 del Título 31 (Art. 852 del Código Civil) establece las formas de extinguir un fideicomiso y, entre ellas están: (1) por cumplimiento de los fines para los cuales se constituyó; y la (8) por convenio expreso de todas las partes. En este último caso se necesita, el consentimiento del fideicomitente (Banco Gubernamental de Fomento), el fiduciario (Banco Gubernamental de Fomento) y el beneficiario (el Fideicomiso Perpetuo para Comunidades Especiales creado por la Ley Núm. 271 del 21 de noviembre de 2002). En otras palabras, son los residentes de las Comunidades Especiales los beneficiarios directos de este Fideicomiso y una parte esencial para su creación. Su anuencia se requeriría para la extinción del Fideicomiso.

 

Deseo darles un poco de trasfondo histórico del Fideicomiso. Según se fue desarrollando el Proyecto de las Comunidades Especiales, se entendió mucho mejor la magnitud de la necesidad de obra física que requerían estos sectores. La inversión inicial, que se llamó Fondo Original, fue de $172.2 millones. Con ellos se hicieron 981 pequeños proyectos con estos fondos. Pero no fueron suficientes para atender los problemas enormes de vivienda e infraestructura en estos sectores desolados.

 

El Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales fue creado en virtud de la Ley Núm. 271 de 21 de noviembre de 2002, conocida como la "Ley del Fideicomiso de Comunidades Especiales". Se capitalizó con una cantidad inicial de $1,000 millones, a través del Banco Gubernamental de Fomento. Estos $1,000 millones se compusieron de una aportación de capital del Banco de $500 millones y una línea de crédito de dicha institución de otros $500 millones.

 

Aprovecho para decir que la salud financiera del BGF no se afectó en nada por esta transacción.

 

La siguiente tabla ilustra que el Banco estaba mejor capitalizado en el año 2005 que en el año 2001 y que sus activos aumentaron considerablemente durante el cuatrienio.

               2001        2005

Activos    $7,824    $10,366

Pasivos   $6,091    $8,404

Capital    $1,732    $1,962

 

Demuestran las cifras que la proporción ("ratio") de capital a activos del Banco en el año 2005 era muy superior a la existente 2001. De hecho, la proporción entre capital y activos era de 19%, a principios de 2005. La relación o proporción entre capital y activos requerida en la banca privada es de solamente 5%.

 

A esto debo añadir que el capital de $1,732 millones que tenía el Banco en el año 2001 no era sólido, ya que existían deudas escondidas de la anterior Administración ascendentes a $2,400 millones sin fuente de repago. De éstas $1,600 millones correspondían a deudas del Banco Gubernamental sin fuente de repago, y $800 millones a otras agencias.

 

Para todos los efectos, el Banco no tenía capital en el año 2001. Pero, en el año 2005, el capital de $1,962 millones del Banco era neto, habiéndosele restado ya los $500 millones de dividendo a favor de los pobres de Puerto Rico.

 

En cuanto a la línea de crédito de $500 millones para la obra pública en las Comunidades Especiales, su fuente de repago fue aprobada por la Asamblea Legislativa en el año 2002, mediante asignaciones anuales por diez años. El pago podría llegar hasta $50 millones al año. Esto equivale a la mitad de 1% del presupuesto operacional anual de Puerto Rico, que es más de $9 mil millones.

 

Ambas transacciones se hicieron con el conocimiento y aval de las casas clasificadoras de bonos y de nuestros auditores externos. Además, fueron legisladas con resoluciones posteriores. (Resolución Conjunta 1027 de 21 de noviembre de 2002 y Resolución Conjunta 1028 de 21 de noviembre de 2002.)

 

Procedo a darles un breve resumen de los trabajos llevados a cabo durante el cuatrienio 2001-2004:

 

  • 2002 Aprobación de la legislación correspondiente, según les indiqué.
  • 2003 Consultas ciudadanas en todas las Comunidades Especiales. Se produjeron planes de trabajo de todas y cada una de las 686 comunidades. Se llamaron los PDI (Planes de Desarrollo Integral).
  • 2003-04 Se designan los proyectos y se distribuyen, según las prioridades establecidas por los ciudadanos entre el Departamento de la Vivienda y el de Transportación y Obras Públicas.
  • 2004 Comienza el proceso de planificación para cada proyecto, obtención de permisos y se inicia la construcción de algunos de ellos. La gran mayoría queda pendiente a final de 2004, pero con sus fondos obligados.
  • 2004 Envío de cartas personales a cada Presidente de las Juntas Comunitarias (23 de octubre de 2004) consignándoles los proyectos a ser encaminados y los fondos ya separados para ellos.

Ésta es toda la verdad sobre el Fideicomiso Perpetuo de las Comunidades Especiales, hasta el último día que fui responsable de su administración.

 

No dudo que se puedan haber cometido algunos errores, o que una cantidad mínima de proyectos, entre miles de ellos, a través de toda la Isla, no hayan sido manejados correctamente. Lo cierto es que al cesar mis funciones, el Fideicomiso estaba bien constituido, adecuadamente capitalizado, y con una planificación esmerada por los mejores profesionales del país, siempre tomando en cuenta las prioridades de los residentes comunitarios.

 

De hecho, los primeros tres o cuatro años, después de 2005, dediqué gran parte de mi tiempo a visitar comunidades. Me di cuenta que los informes que me sometía el BGF, no correspondían en ocasiones con la realidad que yo veía. En agosto de 2007, solicité formalmente al Fideicomiso que se llevaran a cabo auditorías operacionales de la obras y les hice llegar varias otras recomendaciones con relación a las fallas que estaba observando en mis visitas de campo. (Carta a José M. Izquierdo Encarnación del 7 de agosto de 2007.)

 

Quiero expresarme ahora sobre una serie de aseveraciones recientes que son falsas:

  1. El Fideicomiso estaba destinado al fracaso desde su inicio: FALSO.
  2. No había suficientes fondos para todas la obras: FALSO. Había dinero para más de 14,500 proyectos en 686 comunidades. (Si posteriormente se añadieron más de 56 comunidades, el Fondo requería una inyección de más de $80 millones adicionales.)
  3. No hubo planificación: FALSO.
  4. No se establecieron prioridades: FALSO.
  5. Se hizo la obra a la ligera: FALSO.
  6. El Fondo no tenía de dónde seguirse nutriendo: FALSO. (Artículo 10 de la Ley 271)
  7. Las cosas se hicieron desde una oficina y no desde el "field": FALSO.
  8. Lo que sí es cierto es que los asuntos de gobierno no pueden despacharse de la forma que al parecer quiere despacharse este instrumento, creado y capitalizado con un fin púbico legítimo y con un plan de trabajo, para beneficio de miles de puertorriqueños y puertorriqueñas. Sencillamente esto es inaceptable.

El mayor mal que ha aquejado al Fideicomiso Perpetuo para la Comunidades Especiales en los pasados 7 a 8 años es la falta de voluntad para lograr equidad para los que más la necesitan. En un Puerto Rico abatido por la violencia y el coraje, se toman decisiones que afectan a los desposeídos haciéndolos cada vez más pobres. O peor, se mantiene apatía y pasividad ante la realidad del país. Es como si tener el 46% de la población en pobreza extrema no fuera el issue central de nuestro pueblo. De esa pobreza extrema es que parten la gran mayoría de los problemas que afectan a toda la población.

 

Propongo que un grupo de ciudadanos de las más altas cualificaciones personales y profesionales, y de neutralidad política, auditen la obra llevada a cabo por el Fideicomiso; la que falta por hacer; y qué uso se le dio a los mil millones que se destinaron a los más desposeídos de Puerto Rico. Propongo también que este grupo incluya a los líderes comunitarios que a través de todo este tiempo han estado activos en el proceso. Aquéllos que insistentemente han estado solicitando información sin lograr obtenerla. Ellos son los mejores cualificados para decir la verdad. Solo le responden a sus propias comunidades y a sus conciencias. No puedo concluir esta conferencia de prensa sin expresar mi consternación ante el espíritu que ha prevalecido durante los últimos siete u ocho años en el gobierno de Puerto Rico hacia las comunidades de escasos recursos de Puerto Rico, particularmente las denominadas Comunidades Especiales. Ha sido un espíritu de indiferencia, incumplimiento y falta de respeto a seres humanos que son tan puertorriqueñas y puertorriqueños como lo somos todos en esta Isla. No parece haber cabida en los corazones de los funcionarios públicos para la compasión, ni para el entendimiento de la falta de justicia, ni mucho menos para la sensibilidad ante el dolor ajeno.   Para mí que ha prevalecido la óptica política.

 

Se ha hecho todo lo posible para destruir el Proyecto de las Comunidades Especiales: promesas incumplidas, investigaciones legislativas con matiz partidista, corte de recursos a programas fundamentales e indispensables, y sobre todo, abandono de las responsabilidades establecidas por ley.

Sin embargo, les puedo decir que este proyecto nunca terminará. ¿Saben por qué? Porque la llama de la autogestión y el apoderamiento se encendió a través de miles de comunidades a través de Puerto Rico y en sus líderes. Esa llama permanece y permanecerá encendida en el corazón de los residentes comunitarios. Ya nada volverá a ser igual.