A preguntas del representante Popular, Luis Vega Ramos, el Secretario delDepartamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Jesús González Cruz, rehusódivulgar las razones para las destituciones de la subsecretaria María AntoniaMarcano y del segundo al mando de los oficiales penales, Teniente Coronel Samuel Jackson. Esto raíz luego que trascendiera que las mismas sedebieron a la publicación en los medios de un patrón de nepotismo, en laprimera, y de ocultación de convicciones previas en el segundo, así comoel abuso de ambos de sus funciones y prerrogativas oficiales para finespolítico partidistas. La información salió a relucir en el segundo día de lasvistas de presupuesto celebradas por la Comisión de Hacienda de la Cámara deRepresentantes.

 

"En medio deun serio escándalo público, el secretario González se negó a rendir cuentas entorno a la salida de la subsecretaria Marcano y del Tnte. Coronel Jackson, esto a pesar de que sus salarios sepagan con fondos públicos provenientes del presupuesto del Departamento deCorrección. Ambos enfrentan serias imputaciones por utilizar susposiciones de autoridad en la agencia para beneficiarse ellos y a susfamiliares, y para presionar a sus subordinados a que aportaran económicamenteal PNP", explicó Vega Ramos. "Y el Secretario de Corrección encubre lasituación con su silencio", añadió.

 

A la subsecretariaMarcano se le ha vinculado con un patrón de nombrar a sus familiares a diversospuestos en el DCR. El Tnte. Coronel Jackson se benefició de dos ascensosen menos de tres años y llegó a ocupar la segunda posición entre los agentescorreccionales a pesar de haberse declarado culpable de cinco delitos y haberleocultado dichas convicciones al Departamento en contravención al reglamento de personal.

 

"Es bochornosoque el secretario González no le rinda cuentas a la Legislatura sobre estasituación. Hay que exigirle que no haga como hizo la Secretaria de laFamilia, Yanitza Irizarry, que encubrió una situación similar, particularmenteen la región de Bayamón, y acabó ascendiendo a los imputados. Parece ser unpatrón, agencia por agencia", denunció Vega Ramos.

 

También a preguntasde Vega Ramos, el secretario González admitió que el Código Penal del 2004,contrario a lo alegado por la mayoría legislativa del PNP, que intentaderogarlo, sí redujo sustancialmente las bonificaciones a los confinados porconvicción de delito grave.

 

"Alcuestionarle al Secretario por qué hubo una reducción en la población penal enlos pasados años, nos admitió que un factor que incide es el alto número deconfinados por convicciones anteriores al Código Penal vigente que tienenderecho a unas bonificaciones mucho más generosas que las provistas por elcódigo actual, que quieren derogar. El planteamiento tira por la borda una delas principales alegaciones de la mayoría del PNP a los efectos e que el CódigoPenal actual le daba incentivos a los criminales", concluyó Vega Ramos.