La Comisión de lo Jurídico de la Cámara recibió testimonio del Colegio de Abogados, a través de su Presidenta, Lcda. Ana Irma Rivera Lassen, dirigido a apoyar legislación que busca restituir la práctica integrada de la profesión como requisito para ejercer la abogacía y el notariado en Puerto Rico. Además, endosó otra medida para restituirle la capacidad a dicha institución de participar en el proceso de recomendar nombramientos judiciales.

El proceso de vistas públicas que inició hoy, busca evaluar los proyectos de ley 1356, 1366 y 1367 que le devolverán poderes y facultades al Colegio de Abogados de Puerto Rico y restituirán la práctica integrada de la abogacía en Puerto Rico.

"Hoy retomamos la ruta de devolverle al país un Colegio de Abogados y Abogadas con las herramientas necesarias para servirle mejor a las justicia y al interés público en general. Nuestro gobierno ya aprobó tres leyes que le devuelven recursos económicos y facultades importantes al Colegio y con la consideración de estos otros tres proyectos evaluamos como fortalecer aún más esta importante institución de nuestra sociedad civil para beneficio de nuestro pueblo", expresó el representante Luis Vega Ramos, Presidente de la Comisión.

El Proyecto de la Cámara 1356 de la autoría del representante Carlos "Charlie" Hernández López pretende enmendar los Artículos 2, 4 y 6 de la Ley Núm. 91-1991, según enmendada, conocida como "Ley de Evaluación de Jueces y Candidatos a Jueces", y añadirle los nuevos Artículos 20 y 23, con el propósito de devolverle al Colegio de Abogados de Puerto Rico la facultad de evaluar jueces y candidatos a jueces, incluyendo las nominaciones al Tribunal Supremo.

Mientras que el P. de la C. 1366 busca restablecer el requisito de colegiación como condición para ejercer la profesión de la abogacía en Puerto Rico y crear el Fondo de Acceso a la Justicia entre otros fines. La propuesta del Colegio de Abogados pretende que el Fondo de Acceso a la Justicia del Colegio sea distribuido anualmente de forma equitativa entre las organizaciones que ofrecen servicios de acceso a la justicia de Puerto Rico, tales como el Programa de Abogados y Abogadas de Oficio en procedimientos de Naturaleza Penal de la Oficina de la Administración de los Tribunales, las clínicas de asistencia legal de las escuelas de derecho, la corporación de Servicios Legales de Puerto Rico, la Corporación para la Asistencia Legal de Puerto Rico, la Oficina Legal de la Comunidad y el Programa Pro Bono del Colegio.

Además, el proyecto establece un mecanismo que permita a cualquier miembro objetar ciertas actividades del Colegio y solicitar un resarcimiento de una porción de la cuota anual utilizada para sufragar la referida actividad. Dicho mecanismo de objeción sería administrado por el Tribunal Supremo.

El P. de la C. 1367 restablecería el requisito de ser miembro del Colegio de Abogados y Abogadas y del Notariado de Puerto Rico para practicar la notaría.

"El Colegio ha pasado por distintas etapas en su vida onstitucional, pero sin duda alguna como norte la defensa de la práctica de la profesión legal, la defensa del acceso a la justicia, servicios a la ciudadanía y la defensa de nuestro sistema de justicia y tribunales. Cuando se aprobó la Ley Núm. 43 de 14 de mayo de 1932, se entendió entonces y fue avalado por la matrícula del Colegio, que la colegiación debía ser compulsoria", señaló Rivera Lacén.

Durante la vista, el Presidente de la Cámara Jaime Perelló expresó su apoyo a las tres medidas. Vega Ramos ha dicho que escuchará a todos los sectores interesados en el proceso sobre la medida incluyendo aquellos que han expresado reservas u oposición a la colegiación compulsoria.