Lo Jurídico

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La Comisión de lo Jurídico de la Cámara, presidida por el representante Luis Vega Ramos, inició hoy el análisis y la discusión de las medidas que restituyen poderes y funciones al Colegio de Abogados de Puerto Rico. Entre éstas, se encuentra la pieza que restablece el requisito de colegiación como condición para ejercer la profesión de la abogacía en la Isla y que se reconozca la función del notariado que realizan los abogados y las abogadas (Proyecto de la Cámara 1366).

Otra de las medidas devuelve al Colegio la facultad de evaluar jueces y candidatos a jueces (Proyecto de la Cámara 1356). La otra legislación restablece el requisito de ser miembro del Colegio para practicar la notaría en el país (Proyecto de la Cámara 1367).

Durante los trabajos, el líder cameral Jaime R. Perelló Borrás, reafirmó el compromiso de ese cuerpo para hacer justicia al Colegio de Abogados, devolviéndole su colegiación y otras funciones que le fueron relevadas. El Speaker sostuvo que las profesiones en Puerto Rico tienen que estar colegiadas para que sus propios pares fiscalicen y velen por ellas. Indicó además, que la Colegiación del Colegio de Abogados trasciende a esa profesión. "Este es un asunto de gran interés para el Colegio y para todos los puertorriqueños, por los servicios que brinda esa institución al país, en la protección a los que menos recursos tienen. Esta Cámara lo ve como un asunto de importancia para todos. Ese fue nuestro compromiso, volver a colegiarlos", expresó Perelló Borrás.

Por su parte, la presidenta del Colegio, Ana Irma Rivera Lassén, avaló las medidas por considerar que la Institución sigue manteniendo como norte la defensa de la práctica de la profesión legal, la defensa del acceso a la justicia y el servicio social que ofrecen al necesitado.

La letrada favoreció el proyecto que restablece el requisito de colegiación para ejercer la abogacía y destacó que en la consulta que se llevó a cabo entre los integrantes de la entidad, un 43% optó por la colegiación compulsoria y un 26% por la colegiación compulsoria con libertad de objeción. Al final, optaron por reconocer el derecho de las personas admitidas al ejercicio de la abogacía a objetar el pago de la cuota que se establezca. De igual forma, el Colegio podrá crear otras categorías de membresía, aunque tales miembros no estén autorizados a ejercer la abogacía y la notaría en la Isla.

La Presidenta del Colegio manifestó que las leyes aprobadas el pasado cuatrienio no perseguían proteger fin público alguno. "Fueron leyes cuyo único fin fue perseguir y castigar al Colegio como respuesta a expresiones públicas que en el pasado había hecho la institución sobre diversos temas que no resultaron ser del agrado de quienes entonces componían la mayoría parlamentaria", señaló.

Por su parte, el portavoz de la mayoría, Carlos "Charlie" Hernández López, indicó que el proyecto que devuelve la facultad al Colegio para evaluar jueces es necesario. "Es un filtro adicional que tendrá un resultado más limpio transparente y justo, incluso, para el evaluado".

Rivera Lassén reconoció los méritos del proyecto que les devuelve la facultad de evaluar jueces y candidatos a jueces y de la pieza que restablece el requisito de ser miembro del Colegio para practicar la notaría en el país.

Aunque el representante Vega Ramos, anunció que celebrará dos vistas adicionales para atender las medidas, planteó que se escucharán a todas las instituciones que se quieran expresar sobre las propuestas. "El precedente anterior es el que queremos evitar. Este es un proceso transparente, participativo y democrático", afirmó.

De otra parte, el Presidente la Cámara aprovechó para agradecer la participación activa que ha tenido el Colegio en los pasados meses, en la discusión de las medidas que atienden las diversas comisiones. "Los seguiremos usando muchísimo porque su opinión es muy importante", agregó Perelló Borrás.

 

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