La Comisión de lo Jurídico de la Cámara retomó en vista pública la discusión sobre el futuro de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) recibiendo el testimonio de los licenciados y ex legisladores, Víctor García San Inocencio y Marco Antonio Rigau.

"Estamos fomentando una discusión amplia, serena y profunda sobre la OPFEI. Yo creo que debe existir una instancia especial e independiente del gobierno de turno con autoridad para investigar y encausar criminalmente a funcionarios de alto nivel como el Gobernador, los legisladores, los alcaldes y los jefes de agencia. Debemos analizar el efecto de las enmiendas a Ley del FEI hechas el año pasado, como por ejemplo el permitir contratos de los miembros del panel con agencias de gobierno. Pero también, debemos analizar si la actual estructura, funcionamiento y naturaleza de la OPFEI debe enfrentar cambios que fortalezcan su rol original", señaló el representante Luis Vega Ramos, presidente de la Comisión de lo Jurídico.

El ex representante, Víctor García San Inocencio, defendió hoy la permanencia de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente y opinó que debe fortalecerse al catalogarlo como una criatura frágil. "El PFEI goza de una respetabilidad que va a ser tan relativa como la voracidad del gobierno para cuestionarlo", expresó el ex legislador durante la vista pública que realiza la Comisión de lo Jurídico de la Cámara para evaluar el Proyecto de la Cámara 1326 de la autoría del Presidente de la Cámara, Jaime Perelló y el representante Manuel Natal.

"Constituye la política pública del Gobierno de Puerto Rico fomentar la dedicación de sus funcionarios y empleados a la gestión y al servicio público con la honestidad, excelencia profesional y personal, así como con dedicación absoluta al bienestar y desarrollo de nuestro pueblo. Para lograr estos objetivos resulta medular fortalecer la institucionalidad de un foro neutral e independiente para dilucidar rápidamente los actos atribuibles a funcionarios gubernamentales; y asegurar que las investigaciones sean objetivas, imparciales, independientes y de excelencia", manifestó García San Inocencio.

El proyecto en discusión busca ampliar la prohibición de los miembros del PFEI de mantener contratos con agencias, municipios, o las ramas legislativas y judicial, y de restituir la obligación de la Oficina de recopilar y divulgar estadísticas de confirmidad a las disposiciones de la Ley del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Durante su ponencia García San Inocencio propuso que los ex jueces del panel deben haber servido al menos el equivalente a un término completo de juez superior.

El Presidente de la Cámara, Jaime Perelló, afirmó que su intención al radicar la medida era propender al fortalecimiento de la confianza que debe tener la ciudadanía en una institución como el FEI. A tales fines, favoreció la iniciativa de la Comisión de lo Jurídico de no limitarse a la enmiendas sugeridas en el proyecto y llevar a cabo un análisis más exhaustivo sobre la OPFEI.

Por su parte el ex senador Marco A. Rigau, quien también depuso en la vista pública de hoy, dijo que el FEI no se debe eliminar de ninguna manera, "pero el Panel es innecesario". Sugirió que exista un FEI y que sea una posición como la del Contralor de Puerto Rico, que la ocupe un funcionario designado por un término de diez años, y que tenga que ser confirmado por al menos 2/3 de Cámara y Senado. Precisó que para ocupar la posición, el designado debería tener una experiencia mínima de diez años en la práctica privada.

Ante preguntas del Presidente de la Comisión, el representante Luis Vega Ramos, el ex senador explicó que la cualidad principal del FEI es poseer independencia real al investigar a las personas que tienen el poder político en sus manos. "Ni el Secretario de Justicia, ni el Panel tienen independencia real", sostuvo. Rigau, además sugirió que "el Secretario de Justicia no debe tener ningún rol en el proceso" de investigación preliminar o referido de casos al FEI.

El representante José Enrique Meléndez, miembro de la Comisión, se expresó durante la vista a favor de la propuesta incluida en el P de la C 1326 para que se elimine la posibilidad de que los miembros del Panel tengan contratos para proveer representación legal en asuntos o en casos que conlleven la litigación contra una agencia, municipio o las Ramas Legislativa y Judicial, mientras sean miembros del Panel. Esto a pesar de que fue de los que votó a favor de la enmienda del 2012, P de la C 2569, proyecto que autorizó que los miembros del Panel tuviesen contratos.