Lo Jurídico

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En la continuación de las vistas públicas que lleva la Comisión de lo Jurídico de la Cámara sobre los tres proyectos que buscan devolver poderes y facultades al Colegio de Abogados de Puerto Rico y restituir la práctica integrada de la abogacía en en el país se recibió testimonio contundente del Departamento de Justicia y varios abogados prominentes, a favor de la autoridad constitucional del gobierno para promover una colegiación compulsoria de la abogacía. Se argumenta que dicha autoridad descansa en el mejor interés público de brindarle a la ciudadanía garantías adecuadas de la responsabilidad profesional de quienes tienen en sus manos derechos tan importantes como el de la propiedad, la libertad y, en algunos casos, hasta la vida misma.

En su turno de preguntas, el presidente de la Comisión, Luis Vega Ramos, recordó que recientemente el Tribunal Federal en Puerto Rico ratificó la validez constitucional, a nivel federal y del ELA, de colegiar las profesiones en Puerto Rico. "No hace ni quince días que el juez federal Daniel Domínguez, a quien todos conocemos, ratificó la autoridad constitucional del gobierno de Puerto Rico para requerir colegiación compulsoria de ciertas profesiones", dijo Vega Ramos.

El licenciado Mark Anthony Bimbela, quien compareció a la vista a título personal, apoyó las tres medidas. "El Colegio ha sido desde décadas el defensor y voz de muchos de los reclamos de las comunidades olvidas, de sectores discriminados y atacados por los distintos gobiernos o poderosos económicamente", expresó el abogado que estuvo acompañado y apoyado durante su comparecencia por los ex presidentes del Colegio de Abogados, Graciany Miranda Marchand y Carlos Noriega.

Por su parte, Wanda I Simons García, en representación del Secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, también defendió la colegiación compulsoria. Dijo que no viola el derecho y cumple con el estándar. Recordó que en los años 90, el Tribunal Supremo reconoció que el Colegio tiene un derecho constitucional, "o sea que existe un interés del estado en que la profesión esté regulada". "Al Colegio como una voz pluralista en una sociedad emergentemente monolítica", afirmó el Departamento de Justicia citando una opinión del Tribunal del Supremo de Puerto Rico del Juez Trías Monge.

Ambos deponentes coincidieron y explicaron extensamente la existencia de un interés apremiante del estado en regular mediante la colegiación compulsoria la profesión de la abogacía en PR.

El P. de la C. 1356 busca enmendar los Artículos 2, 4 y 6 de la Ley Núm. 91-1991, según enmendada, conocida como "Ley de Evaluaciónde Jueces y Candidatos a Jueces", y añadirle los nuevos Artículos 20 y 23, con el propósito de devolverle al Colegio de Abogados dePuerto Rico la facultad de evaluar jueces y candidatos a jueces. P. de la C. 1366 que busca restablecer el requisito de colegiación como condición para ejercer la profesión de la abogacía en Puerto Rico y crear el Fondo de Acceso a la Justicia entre otros fines. El P. de la C. 1367 restablecería el requisito de ser miembro del Colegio de Abogados y Abogadas y del Notariado de Puerto Rico para practicar la notaría.

 

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