Blog de Luis

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El proyecto de la Cámara para enmendar la ley que protege y conserva la zona cársica, el cual está en vías de convertirse en ley, constituye el más reciente asalto de esta administración a los recursos naturales de nuestra patria. Todo por la obsesión de dejar la vía libre para una Alianza Público Privada con algún socio del régimen que privatice la PR-22.

El Carso de Puerto Rico es un recurso natural no renovable y altamente preciado. Esto debido a su geomorfología y por los ecosistemas particulares que en ella se desarrollan. En la actualidad, veintidós (22) especies de su flora y quince (15) especies de su fauna están oficial y legalmente designadas como amenazadas o en peligro de extinción. Entre ellas, la Cotorra de Puerto Rico en su hábitat de la Reserva del Bosque Río Abajo, entre Arecibo y Utuado. Cerca de un centenar de otras especies de flora y fauna que también habitan esta zona, se les considera en estado crítico por su distribución restringida.

La fisiografía cársica cumple funciones vitales para la supervivencia natural y social de la Isla, tales como almacenar enormes abastos de aguas subterráneas; poseer terrenos de excelente aptitud agrícola y guardar un enorme potencial recreativo y turístico. Una tercera parte de nuestra agua potable depende del Carso y alrededor de 120 mil empleos industriales y agrícolas también.

El terreno cársico tiene menos resistencia a la presión de carga, es más susceptible a colapsos o deslizamientos. Es debido a esas características que no se debe promover actividades de construcción de gran escala. De hecho, la tendencia del crecimiento urbano y económico carente de planificación adecuada ha resultado en la destrucción y degradación acelerada de muchos de nuestros paisajes, así como la inestabilidad del terreno, afectando además, infraestructura pública y privada construida.

La protección del carso se legisló tripartitamente bajo el gobierno de Pedro Rosselló. Como comisionado residentes, acevedo Vila, Romero y, aún, Fortuño presentaron legislación protectora a nivel federal. Pero, con las enmiendas aprobadas a la Ley 292, la Administración desea eliminar todo escollo legal para que un grupo de saqueadores que no tienen ninguna consideración con lo que es responsabilidad ambiental y social en este país, continúen destruyendo y agotando los importantísimos recursos naturales que nos quedan.

Ayer fue la derogación de la OE-2007-37 eliminando la Declaración del Corredor Ecológico del Noreste como reserva natural. Hoy es enmendar la Ley 292 para dejar el Carso en manos de la mala planificación y la destrucción. Se trata de acciones del mayor grado de irresponsabilidad porque no sólo se compromete el presente de nuestro pueblo, sino que se crea una enorme amenaza en contra de las generaciones por nacer que pueden ver su subsistencia afectada por la carencia del agua y otros recursos esenciales para la calidad de la vida humana.