Desarrollo Económico

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manuelluisLos representantes Manuel Natal, Luis Raúl Torres y Luis Vega Ramos autorizan las siguientes expresiones:

 

"Hace dos semanas presentamos ante la Asamblea Legislativa y el País una propuesta de consulta para enmendar la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Dicha enmienda propone crear mecanismos de excepción para que el Pueblo de Puerto Rico pueda renegociar toda o parte de la deuda de las corporaciones públicas y el gobierno central, en la eventualidad de que haya que defenderse de las agresivas gestiones de cobro de nuestros acreedores.

 

Hoy se reseñan expresiones de la compañía Fitch Ratings al mercado estadounidense de bonos municipales, en las que se incurren en contradicciones y se amenaza con degradaciones adicionales si la Asamblea Legislativa descarga su obligación constitucional de considerar la legislación que en ella se presenta. Esta prohibición velada a que todo un Pueblo discuta, a través de su proceso constitucional, cómo encarar nuestro principal problema fiscal es una sin precedente e inaceptable. La censura al debate democrático de alternativas no puede ser condición o exigencia para que una evaluadora de crédito trate favorablemente a un Pueblo. La discusión democrática sobre el bienestar general de los puertorriqueños no puede estar subordinada a las promesas de tratos más favorables por las evaluadoras de crédito. 

 

Y esto se da en el contexto de contradicciones en el propio informe. Los analistas de Fitch, al degradar, concluyen que Puerto Rico tiene capacidad para continuar pagando su deuda pública sin reestructuración alguna. Sin embargo, también concluyen que sin liquidez adicional del BGF no hay capacidad para realizar esos pagos. No son expresiones compatibles. La realidad es que se han tomado una serie de medidas para atender la situación fiscal de Puerto Rico y la que falta por resolver es la del manejo realista de la deuda pública. Esa discusión, si es seria, es buena para nosotros los deudores, pero también es buena para los acreedores que podrán obtener certeza en una estructura de repago razonable.

 

Esta acción de Fitch, en momentos en que el BGF negocia una nueva emisión de bonos, es parte de un patrón constante de ésta y otras compañías de análisis crediticio de no reconocer, y en algunos casos entorpecer, las acciones de este Gobierno para encarar la situación. A pesar de que se ha reducido el gasto en el funcionamiento del gobierno en $2 mil millones, que se reestructuró el Retiro de los empleados públicos, que se adoptó la Ley 66 para el control del gasto, que se adoptaron medidas de recaudo como la Patente Nacional y los aumentos en el arbitrio al barril de petróleo y sus productos derivados (la "Crudita"), y que se aprobó la Ley 71 para un proceso ordenado de reestructuración de las corporaciones públicas, ésta y otras compañías de análisis crediticio han continuado el trato negativo hacia Puerto Rico. Lo reportado hoy, aún la mención de nuestra propuesta, no es nuevo y no sorprende.

 

No somos los primeros en poner sobre la mesa mecanismos de renegociar deuda. El gobierno lo hizo con la Ley 71, la cual se está defendiendo en el Primer Circuito de Boston. La AEE lo hizo mediante el acuerdo con los bonistas que permitió designar a la Sra. Lisa Donahue como oficial de reestructuración. El Comisionado Residente, con apoyo de nuestro Ejecutivo y Legislativo, impulsa legislación congresional que extendería la Ley de Quiebra federal a nuestras corporaciones públicas. El ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá propone una negociación con el gobierno federal para que asuma cierta responsabilidad en la garantía del pago de nuestra deuda. Otros funcionarios electos como el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, y la Alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, también se han expresado a favor de explorar la renegociación. Otros compañeros en la Cámara también han presentado alternativas. Este es un debate que ya estamos teniendo como País.

 

El Gobierno de Puerto Rico está obligado a proteger el mejor interés del Pueblo de Puerto Rico. Ésa es la razón de su existencia. Nuestra propuesta, que puede analizarse junto a las otras, es una de varias posibles respuestas que procuran mitigar la indefensión en que hoy se encuentra Puerto Rico frente a los intereses de Wall Street. ¿Por qué no se pueden discutir?

 

La enmienda constitucional que proponemos para la discusión pública necesaria no es contraria a las gestiones que lleva la Rama Ejecutiva para lograr la reestructuración de nuestra deuda pública. Es una opción adicional a discutirse frente a los obstáculos que las otras propuestas han enfrentado. De hecho, hacemos frente común en estos esfuerzos, pues el mismo día que radicamos nuestra propuesta, los abogados del gobierno radicaban un recurso de apelación ante el Primer Circuito federal en Boston, defendiendo la constitucionalidad de la Ley 71-2014 (apodada "Ley de Quiebra Criolla") que nos permitiría tener un fuerte instrumento de negociación para reestructurar una parte importante de nuestra deuda pública.

 

En la vista pública celebrada el pasado lunes, 16 de marzo, ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, estuvimos de acuerdo con la presidenta del BGF, Lcda. Melba Acosta Febo, y con el presidente de la Junta de Planificación, el economista Luis García Pelatti, en cuanto al factor determinante para que el mercado restablezca algún nivel de confianza en la capacidad de pago de nuestro Gobierno: necesitamos lograr un crecimiento económico sostenido.

 

Nosotros no proponemos que se discuta algo distinto a eso: la prioridad constitucional del Estado Libre Asociado de Puerto Rico debe ser la inversión en el crecimiento económico. Repartirnos la pobreza entre puertorriqueños y bonistas no beneficia ni a unos ni a otros. Nadie, nadie, propone que Puerto Rico desatienda sus obligaciones con nuestros acreedores. Lo que estamos diciendo, como tantos otros, es que llegó la hora de discutir la forma y manera razonable de renegociar esa deuda para bien, tanto de Puerto Rico como de sus acreedores".

 

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