Desarrollo Económico

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Los representantes Manuel Natal Albelo, Luis Vega Ramos y Luis Raúl Torres presentaron un grupo de medidas legislativas que le facilitarán al Gobernador presentar un presupuesto que represente un alivio contributivo a la clase trabajadoray al mismo tiempo que impulse el crecimiento económico que necesita País, y que forma la base del programa de gobierno del Partido Popular Democrático.

 

A esos fines, los representantes estarán radicando una Resolución Concurrente, que autorizaría que se realice una consulta al pueblo de Puerto Rico para establecer un mecanismo constitucional que permita la renegociación de la deuda del Estado y de las corporaciones públicas, para que reconociendo la importancia de la misma no menoscabe o subordine a ella otras prioridades de desarrollo socioeconómico de nuestro pueblo. Entre estas prioridades están: el financiamiento de energía más económica; agua potable a menor costo; inversión estratégica en infraestructura que propenda a la inversión privada y creación de empleos, escuelas con los maestros y materiales que necesitan los estudiantes; programas efectivos de educación especial; y servicios de salud más abarcadores y eficientes para todos en el País.

 

Además de establecer que el pago del servicio a la deuda pública siempre se hará tomando en cuenta las realidades fiscales de Puerto Rico, la enmienda constitucional propuesta establecería un mecanismo extrardinario mediante el cual, la Asamblea Legislativa puede estructurar la auditoría, certififación y renegociación de la deuda del Estado o de sus corporaciones públicas. Mediante Resooución Concurrente aprobada por 2/3 partes de los miembros de cada Cámara se establecerán estos procesos, los cuales tendrán que garantizar la representación del interés público y la divulgación constante a la ciudadanía. Estas Resoluciones Concurrentes también podrán disponer para la suspensión parcial o total del pago de intereses o principal miejtras se lleva a cabo la auditoría o la negociación.

 

"La enmienda constitucional ubica adecuadamente el pago de la deuda frente a las prioridades de inversión pública que son necesarias para fomentar el desarrollo y crecimiento económico pleno de Puerto Rico. Atemperando a la realidad la responsabilidad constitucional que le obligaría a priorizar la deuda pública por sobre las necesidades del país y el desarrollo económico de quienes lo sudan, el Gobernador queda libre para poner en marcha un plan programático de inversión social. Además se dispone para adoptar un mecanismo razonable y de excepción para el proceso de auditoría y renegociación de la deuda ", señaló Vega Ramos.

 

Los representantes recordaron que el servicio a la deuda en varias corporaciones públicas no ha permitido que se logren ahorros y se desarrolle infraestructura que ayude a reducir los costos de los servicios que se le presta a los ciudadanos.

 

El servicio a la deuda pública de la Autoridad de Energía Eléctrica no ha permitido que la autoridad invierta en la gasificación de Aguirre para reducir el costo por kilovatio hora de la energía eléctrica que produce y suministra.

 

Por otro lado, el servicio a la deuda pública de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados le ha impedido invertir en mejoras a su infraestructura que le permitirían controlar las pérdidas multimillonarias por el agua potable suministrada sin cobrar, y evitar el pago de multas a la EPA que hoy le representan aumentos en las facturas a todos los abonados. 

 

Mientras, el servicio a la deuda de COFINA absorbe la mayor parte de los recaudos que hoy pagan los consumidores puertorriqueños con el IVU, y no nos permite utilizar los recaudos de este sacrificado impuesto para operar el Gobierno e invertir en mecanismos que permitirían mayor eficiencia en la gestión pública.

 

Natal Albelo recordó que "el Proyecto de la Cámara 2003, de su autoría le autorizaría, bajo la misma declaración de emergencia fiscal que se reconoce en la Ley 66-2014, decretar una moratoria sobre el servicio del 78% de nuestra deuda pública".

 

Mientras dure la moratoria, el Proyecto de la Cámara 2314, también de la autoría de Natal Albelo, crearía una Comisión especial e independiente, encargada de auditar toda la deuda pública de Puerto Rico. "El producto de la auditoría nos permitirá identificar cuánta de la deuda puertorriqueña vigente es deuda legítima y cuánta es deuda ilegítima. Descartada la deuda pública ilegítima, pasaremos a negociar con nuestros bonistas, que invirtieron en Puerto Rico de buena fe", añadió el representante.

 

Esa negociación, comprometería al repago de la deuda legítima, pero siempre dentro de las capacidades del gobierno para así hacerlo sin lesionar el bienestar general y el proyecto de desarrollo económico. "Los acuerdos alcanzados con nuestros bonistas se realizarán mediante mecanismos que ya han probado ser efectivos en otras jurisdicciones, a través de la sustitución de nuevos bonos por los viejos, a plazos y tasas de interés que se circunscriban a la realidad económica que enfrentamos en el País" explicó Natal Albelo.

 

"De la mano del proceso de renegociación de la deuda, también hemos presentado alternativas de recaudos para el fisco que, en conjunto, superan el 50% de los recaudos adicionales que aspira recaudar el Ejecutivo con la reforma contributiva que ha tenido a bien proponerle al país", puntualizó Torres.

 

Los representantes anunciaron que mañana radicarían como proyectos dos alternativas para allegar entre unos doscientos a trescientos millones de dólares anuales. Estos recaudos provendrían de una contribución especial a aquellas empresas con ventas brutas anuales de mas de $600 millones. Esto puede hacerse a través de una sobretasa sólo aplicable a empresas con estas ventas brutas, similar a la patente nacional o por el aumento al 6% de la contribución por las ventas que estas empresas hacen entre sus matíces y subsidiarias para la mercancia que revenden al consumidor en Puerto Rico ("transfer pricing").

 

Esta propuesta, junto a los quinientos millones que generaría el Proyecto de la Cámara 2032, que ya cuenta con un informe positivo de la Comisión de Hacienda, sumaría entre setecientos u ochocientos millones de dólares adicionales al fisco, o cerca de dos terceras partes de los recaudos adicionales que aspira recaudar el Gobernador. La expectativa de los legisladores es que estás propuestas se incorporen a la actual discusión legislativa de la reforma contributiva.

 

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