Ambiente

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arton2553-ea45eEl principal oficial del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) a cargo del desarrollo de proyectos estratégicos turísticos y ex director ejecutivo de la Compañía de Turismo bajo la presente administración gubernamental, Jaime López Díaz, fungió como gerente de construcción del proyecto residencial-turístico San Miguel Resort, propuesto en el Corredor Ecológico del Noreste (CEN).

 

Ambas agencias, junto a la Compañía de Fomento Industrial (CFI), no acogieron la aprobación del Proyecto del Senado Núm. 2282 dirigido a establecer como política pública la preservación, conservación y restauración del CEN junto a la designación de todos sus terrenos públicos como reserva natural.

 

"Nos preocupa enormemente el rol que han tenido funcionarios claves de la administración actual en la preparación del nuevo plan de usos de terrenos aprobado para el Corredor y terrenos en la falda de El Yunque, y su vínculo pasado como consultores de estos proyectistas. Sobre todo cuando no hubo transparencia en la aprobación del nuevo plan, uno que limitó la participación ciudadana, mas no así la intervención de algunos de estos proyectistas", señaló Camilla Feibelman, coordinadora del Sierra Club, Capítulo de Puerto Rico, organización perteneciente a la Coalición Pro CEN.

 

Esta añadió que el Director de la División de Planificación y Desarrollo de la Compañía de Turismo, el Arq. José Juan Terrasa, estuvo ligado también en el pasado al San Miguel Resort, desempeñandose como coordinador a cargo de la preparación de su Declaración de Impacto Ambiental Actualizada. Su participación en el proyecto fue confirmada por el propio funcionario a preguntas de la Senadora Mariíta Santiago, como parte de las vistas celebradas por la Comisión de Recursos Naturales y Ambientales y la Comisión de Urbanismo e Infraestructura del Senado sobre el P. del S. 2282.

 

En junio de 2010, la Compañía de Turismo recibió copia de un informe que había ordenado a consultores y en el que entrevistaron de forma exclusiva al proponente del San Miguel Resort, el Lcdo. Juan Ramón Zalduondo, a los proyectistas del Dos Mares Resort (ahora Tinglar Bay Resort & Spa), Luis Alberto Rubí y Efraim Kier, y a su consultor, Neftalí García, para conocer en detalle sus proyectos, propuestos en el Corredor. En cambio, no se requirió entrevistar a mas ninguna parte con interés en la conservación y desarrollo ecoturístico del CEN.

 

El informe fue utilizado como base por la Junta de Planificación y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para la preparación del nuevo plan de usos de terrenos aprobado para el Corredor y en el cual se eliminaron más de 450 cuerdas previamente protegidas como reserva natural. Los terrenos excluidos coinciden parcial o totalmente con la ubicación de estos y otros proyectos residenciales y comerciales propuestos en el CEN y en terrenos en la falda de El Yunque, los cuales son permitidos ahora bajo el nuevo plan anunciado bajo el nombre de la Gran Reserva del Noreste (GRN).

 

La coordinadora del Sierra Club indicó que la Coalición estará solicitándo información a la Compañía de Turismo y a la Oficina de Gerencia de Permisos sobre cualquier solicitud de préstamo o endoso que hayan recibido u otorgado para la construcción de proyectos en el Corredor.

 

La denuncia hecha por la Coalición es la última de múltiples irregularidades reveladas sobre funcionarios gubernamentales ligados a proyectos urbanos propuestos en el Corredor. Funcionarios de la CFI informaron recientemente que la agencia había aceptado una carta y depósito de parte de los proyectistas del Dos Mares Resort con la intención de comprar terrenos públicos bajo su administración en el CEN, antes de que la JP y el DRNA hubieran completado el proceso de evaluación sobre las áreas que debían protegerse bajo el nuevo plan.

 

A su vez, el Secretario del DRNA, Daniel Galán Kercadó, antes de ocupar dicha posición, fue consultor para otro proyecto residencial-turístico propuesto al sur del CEN y en la falda del Yunque, y que ahora sería permitido bajo el nuevo plan de usos de terrenos promovido por el funcionario y aprobado por el gobierno en junio pasado.

 

El P. del S. 2282 ha sido endosado por diversas organizaciones, entre las que se encuentran el U.S. Green Building Council, el Fideicomiso de Conservación, la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, el Sierra Club-Capítulo de Puerto Rico, el Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable del Sistema Universitario Ana G. Méndez, la Diócesis de Fajardo-Humacao de la Iglesia Católica e IDS, entre otras.

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