Ambiente

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Organizaciones e individuos pertenecientes a la Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste (CEN) reiteraron su solicitud al Tribunal Supremo de Puerto Rico (TS) para que restituya una moratoria en permisos y endosos de construcción en esta área de gran valor natural, emitida como parte de un pleito que estos presentaron en el Tribunal Apelativo. 

 

La moción radicada por la Coalición surge en medio de la controversia desatada por un aparente esquema de graves conflictos de interés e irregularidades relacionado a un préstamo para financiar, supuestamente, la construcción de un proyecto hotelero en terrenos del Corredor. El préstamo fue otorgado por funcionarios de la presente y pasada administración gubernamental, incluyendo el actual director de la Autoridad de Puertos, Jaime López Díaz, a través de una subsidiaria de la Compañía de Turismo.

 

A su vez, existe una propuesta bajo la consideración de la Junta de Planificación para ubicar un centro comercial en el CEN y para el cual su proponente ha solicitado se le exima de celebrar vistas públicas.

 

Angel Berríos, quién es uno de los demandantes y líder de la Asociación de Residentes del Barrio Juan Martín Afuera de Luquillo, expresó que "los jueces del Tribunal Supremo tienen la oportunidad devolver la moratoria, evitando de esa manera que todas estas irregularidades impacten finalmente el Corredor. De no actuar rápido a favor de la moratoria, lo que esperamos no ocurra, estarían enviando un mensaje terrible al pueblo, puesto que ello significaría que de nada sirve ir a los tribunales para hacer valer la justicia y lo correcto."

 

La moratoria en permisos de construcción fue dejada sin efecto, preliminarmente, por la mayoría de los jueces del TS y a petición de la administración Fortuño, en enero pasado. Esta había sido emitida por el Tribunal Apelativo para evitar que se convierta en académica una demanda presentada por miembros de la Coalición en la que impugnan un nuevo plan de usos de terrenos aprobado por el Presidente de la Junta de Planificación, Rubén Flores Marzán, y el Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Daniel Galán Kercadó, bajo el nombre de la Gran Reserva del Noreste.

 

En el nuevo plan, ambos funcionarios excluyeron mas de 450 cuerdas previamente protegidas en el Corredor, permitiendo en vez su urbanización junto a otros terrenos en la falda de El Yunque. Entre estos se encuentran parte de los terrenos donde se ha propuesto el San Miguel Resort, el centro comercial Playa Azul Center, entre otros proyectos residenciales-turísticos. Cabe destacar que el nuevo plan de usos de terrenos para el CEN y terrenos en la falda de El Yunque fue objetado por más de 500 personas y entidades durante el proceso de vista y comentario público en febrero de 2011, incluyendo agencias federales como el Servicio Forestal Federal y el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre, el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico, y legisladores de mayoría y minoría.

 

Carmen Guerrero Pérez, quién es otra de las demandantes y asesora de la Coalición como planificadora y especialista en turismo sostenible, señaló por su parte que "existe una amenaza concreta y real de que nuestra demanda se convierta en académica debido al préstamo otorgado al proyectista del San Miguel Resort, Juan Ramón Zalduondo, y la consulta de ubicación para el centro comercial Playa Azul Center. La mayoría de los jueces del Supremo, por lo tanto, deberían restituir la moratoria, en lo que nuestra demanda es decidida en sus méritos por el Tribunal Apelativo."

 

La planificadora ambiental añadió que si "el Gobernador Fortuño está realmente comprometido con la protección y desarrollo sostenible del CEN, debería pedirle al Secretario de Justicia que se allane a nuestro reclamo de que se restituya la moratoria en permisos de construcción, máxime cuando la nueva ley sobre el Corredor ordena a la Junta de Planificación a revisar el plan de usos de terrenos que dicha agencia y el DRNA aprobaron para esta área en junio de 2011."

 

Al reclamo de los miembros de la Coalición se unieron entidades como el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, el Obispo de la Diócesis de Fajardo-Humacao, Mons. Eusebio Ramos Morales y el Pastor General de la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, Rvdo. Edward Rivera Santiago, quienes presentaron por separado varias peticiones para ser considerados como "amigos de la corte" del Tribunal Supremo, y en apoyo a la restitución de la moratoria en permisos de construcción en el CEN.

 

Aunque aceptaron las mociones, la mayoría de los jueces del TS decidió en contra de la restitución de la moratoria el 30 de junio pasado. La Coalición sometió una moción de reconsideración inicial a finales de julio, a la cual se suma la presentada en los pasados días. Ambas se encuentran esperando la determinación de dicho foro judicial.

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