Seguridad

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El secretario de Corrección, José Negrón Fernández, favoreció hoy el proyecto de Administración para evitar que las personas que violen varias disposiciones de la Ley de Armas, alcancen sentencias preacordadas que no impliquen tiempo en la cárcel a cambio de una alegación de culpabilidad.

En vista pública de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara, presidida por el representante Luis Vega Ramos, el exjuez dijo que hay que enviar un mensaje claro a los que violan la Ley de Armas, por lo que la política pública tiene que ser clara. El Proyecto de la Cámara 1560, dispone que toda alegación preacordada en una causa en la que se impute la venta, posesión, transporte, portación o uso ilegal de un arma de fuego, según establecido en los Artículos 5.02, 5.04, 5.06, 5.07 o 5.15 de la Ley de Armas; o sus versiones subsiguientes, deberá conllevar para el imputado o acusado una pena de reclusión de al menos dos años, en toda circunstancia en que la pena de reclusión estatuida en dichos Artículos sea mayor de dos años.

"La Isla necesita una política pública clara y contundente en cuanto a que no se tolerará la posesión, portación y distribución de armas de fuego ilegales o el uso ilegal de armas de fuego en nuestra jurisdicción. La persona que incurra en alguna de esas prácticas va a cumplir cárcel", afirmó Negrón Fernández.

Sin embargo, a preguntas del Presidente de la Comisión en torno a las circunstancias de las personas que no son gatilleros, narcotraficantes o personas violentas, Fernández González respondió que podría apelarse a la discreción de un juez, luego de este haber escuchado la prueba. Asimismo, reconoció que la aprobación del Proyecto provocaría un incremento en la población confinada. Informó que tiene 1,263 espacios disponibles, por lo que por el momento, tiene la capacidad para asumir el impacto del proyecto de ley. También, tiene 732 celdas que tienen que ser rehabilitadas, por lo que solicitó ayuda a la Comisión para poder acondicionarlas por fase. El costo estimado de las reparaciones se estima en $2 millones.

Además, el Secreatrio anticipó que para el 2016, la Administración de Corrección tendría una deficiencia de espacios, por lo que defendió su propuesta de construir dos nuevas prisiones. El funcionario planteó a Vega Ramos la necesidad de evaluar el Código Penal actual, para que las sentencias sean proporcionales a los delitos que se tipifican.

El Secretario de Corrección anunció que utilizará los servicios del exsecretario de esa agencia y exjefe de la Uniformada, Víctor Rivera González, para hacer una evaluación y análisis de todas las normas, reglamentos, protocolos y leyes; que de alguna manera regulan la libertad bajo palabra, la libertad a prueba, la probatoria y las bonificaciones, a fin de de procurar que los que tienen que estar en prisión lo estén.

Por su parte, Vega Ramos validó las gestiones del Secretario de Corrección y puso a disposición del funcionario los conocimientos y experiencia del personal técnico de la Comisión y el suyo propio. "Independientemente de lo que uno piense de la filosofía que tiene el actual Código Penal de 2012, hay un desfase entre éste y la gran mayoría de las leyes especiales, por lo que tenemos que tomar una decisión de política pública de cómo vamos a uniformar esos esquemas de penas", manifestó el representante.

Por su parte, el Departamento de Justicia reconoció la facultad de la Asamblea Legislativa para limitar la discreción que tiene el fiscal en los casos que entienda meritorio. Entretanto, la Uniformada expresó que avalan la propuesta del Ejecutivo, debido a que la misma está cimentada en máximas de seguridad pública.

Mientras, la Sociedad para Asistencia Legal, mostró reparos a la pieza, por entender que "el sistema de alegaciones preacordadas resulta indispensable para la sana administración de la justicia".

El proyecto que está incluido en la convocatoria de la Sesión Extraordinaria que el Gobernador convocó hoy, también crea una amnistía para personas que no posean una licencia de armas vigente, pero que cualifiquen para solicitar y obtener una licencia de armas a tenor con los requisitos establecidos por ley, y hayan obtenido la posesión de una o más armas de fuego o municiones por vía de herencia o cualquier otro acto o negocio jurídico legítimo en nuestro ordenamiento jurídico; y personas que tengan una licencia de armas vigente y hayan obtenido la posesión de una o más armas o municiones por vía de herencia o cualquier otro acto o negocio jurídico legítimo en nuestro ordenamiento jurídico, pero no las hayan inscrito o registrado.

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