Seguridad

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desherearDurante la primera vista pública que celebró hoy la Comisión de lo Jurídico de la Cámara sobre el P de la C 685 para enmendar la Ley 54 y agilizar el periodo de notificación de una solicitud de una orden de protección, el presidente de la Comisión, Luis Vega Ramos, expresó que "tenemos aquí la oportunidad de revisar si la mecánica de la notificación de la primera orden de protección preventiva y el posterior señalamiento de vista, está funcionando o necesita ajustes. De lo que se trata es de proteger vidas por un lado y darle adecuada posibilidad de defensa al peticionado por el otro".

La Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM) planteó que el problema principal que require respuesta urgente es determinar quién tiene la responsabilidad primaria para la notificación de la citación de la orden de protección y la copia de la misma.

La OPM solicitó que antes de enmendar el término para la notificación se enmiende el artículo 2.4 a los efectos de especificar claramente quién dilingenciará las citaciones correspondientes a las órdenes de protección, a la vez que propuso que sea responsabilidad de los alguaciles ya que en cada tribunal hay una división específicamente encargada para las citaciones que emiten los jueces y las citaciones bajo la Ley Num. 54 son emitidas por un juez. "Nadie quiere asumir esa responsabilidad, la disposición es ambigua y permite delegar la misma entre uno y otro. No debe haber discreción, el diligenciamiento de la citación tiene que estar claramente adjudicado a unos funcionarios", expresó la licenciada Josefina Arroyo en representación de la Procuradora.

Por su parte el Departamento de Justicia se opuso al proyecto por entender que la última enmienda a la presente ley, realizada en el 2012 y que precisamente ajustó los términos, es muy reciente por lo que aún no se puede descartar su eficacia. "Conceder un término adicional a la aplicación de la misma para poder medir su eficacia sería lo más recomendable antes de emitir una enmienda que acorte el término", sostuvo a través de su ponencia el Secretario César Miranda. Sin embargo, Justicia opinó que es importante que se tome en consideración la infraestructura de personal para diligenciar las notificaciones de manera inmediata y simultánea y sostuvo que se hace imperante que se establezca de manera clara cómo se altera el proceso si es que la notificación inmediata se torna imposible. Además, debe definirse la expresión inmediatamente en términos de lo que la misma representa para los alguaciles y policías.

El Proyecto de la Cámara 685 enmendaría el artículo 2.4 inciso (a) y (b) y Artículo 2.5 inciso (c) de la Ley 54 de 15 de agosto de 1989 mejor conocida como la Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, según enmendada. El término que establece la Ley es demasiado extensor y podría tener consecuencias fatales de no atenderse con premura.

La Sociedad de Asistencia Legal (SAL) condicionó su apoyo a la medida. A través de su director ejecutivo, Federico Rentas Rodríguez, SAL expuso que el primer aspecto que se debe atender con la enmienda propuesta es la cantidad de casos y vistas que se tendrán que realizar y cómo se afectaría el desempeño de las "ya notablemente abarrotadas" Salas de Investigación Municipal. SAL expresó preocupación por el corto término que propone la medida sobre la posible representación legal que pueda conseguir el peticionado para estas vistas.

SAL sostuvo además, que el problema de violencia doméstica no se detiene cuando se expide una orden de protección, se somete a un programa de desvío al agresor o se sentencia por violación de la ley y expresó que el enfoque de toda legislación debe ser intentar prevenir o atender el problema de violencia doméstica en sí.

Vega Ramos adelantó que la Comisión de lo Jurídico citará a la Administración de Tribunales y a la Policía a vistas públicas para que brinden orientación sobre cómo y cuan rápido se están notificando las sobre 13 mil órdenes de protección Ex parte que se emiten al año.

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