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El representante por acumulación Luis Vega Ramos expresó su satisfacción con la primera aplicación de la “Ley de Análisis de ADN Post Sentencia” en los Tribunales de Puerto Rico. Esta Ley, de la autoría de los representantes Vega Ramos, Charlie Hernández López y Jenniffer González Colón, junto al Proyecto de Inocencia PR dirigido por el profesor Julio Fontanet, permitió ayer la presentación de pruebas cientificas que evidenciarían la no culpabilidad de tres convictos de asesinato. 

 

"Lo ocurrido ayer demuestra lo idóneo de esta Ley. Este es un avance fundamental para nuestro sistema de justicia criminal. Es consecuencia contemporánea y científica de la presunción de inocencia. Ahora le damos esa seguridad tanto al convicto como a las víctimas y sus familias e identificamos la estructura fiscal para hacer costo eficiente el programa", expresó el representante Vega Ramos.

"Me siento orgulloso de haber trabajado esta legislación trascendental junto al compañero Hernández López, la compañera González Colón y el decano Fontanet. Agradezco al gobernador García Padilla haber convertido en ley este mecanismo de justicia. Confío que los Tribunales y el Departamento de Justicia velarán por el fiel cumplimiento de la misma en este y otros casos", dijo el legislador.

 

En el 2004 la aprobación del Justice for All Act of 2004 y el Inoccence Protection Act, 18 U.S.C. 3600, et. seq., a nivel federal establecieron un proceso de petición de análisis de ADN post sentencia y disposiciones para proteger y conservar la evidencia biológica.

 

Actualmente todos los estados, excepto Oklahoma, tienen legislación que viabiliza dichos análisis. El ordenamiento jurídico de Puerto Rico permite la celebración de un nuevo juicio cuando se descubra nueva evidencia que demuestre la inocencia del condenado, sin embargo, no reconocía derecho alguno para que se realicen pruebas genéticas luego de emitido el fallo condenatorio. El proceso creado mediante esta Ley crea un firme balance entre los derechos del acusado y el derecho de la víctima y sus familiares. Es por ello que los requisitos establecidos garantizan que la Ley no se utilice de una manera desmedida, de modo que no ocasione mayor incertidumbre en la víctima y en sus familiares.

 

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