Lo Jurídico

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La Comisión de lo Jurídico recibió hoy las posturas del Departamentos de la Familia, el Departamento de Justicia y el Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico, sobre el P de la C 2059 de ley que instituiría que la mayoría de edad en Puerto Rico comienza cumplidos los 18 años.

 

 

La preocupación principal discutida en la vista del proyecto, de la autoría de los representantes Carlos Vargas Ferrer y José Báez Rivera, es el impacto que el cambio propuesto podría tener en los derechos a pensión alimentaria de las personas entre 18 y 21 anos. Precisamente por los problemas causados a dicha población fue que tuvo que derogarse la Ley 289 de 2000 que bajaba la mayoría de edad a los 18 años sin proveer una transición ordenada a dicha situación.

 

A tales efectos, tanto el Departamento de la Familia, el de Justicia y el Colegio de Profesionales de Trabajo Social coincidieron que una opción disponible es reducir la mayoría de edad a 18, pero manteniendo la responsabilidad de los padres de alimentarlos, como ahora, hasta los 21.

 

El Departamento de la Familia sostuvo que de aprobarse la medida en referencia también sería necesario enmendar la Ley 246 para que la agencia pueda continuar brindando servicios hasta la edad de 21 años a los ciudadanos que advengan a la mayoría de edad al cumplir los 18, particularmente a los que estaban bajo la custodia o tutela del Estado. Además reconoció que aunque la medida contiene cláusulas transitorias para no afectar inmediatamente las pensiones de los jóvenes entre 18 y 21 años, se debe atender cuidadosamente ciertamente el impacto que el cambio en la mayoridad en la vida de estos. Dijo que la decisión de alterar el derecho a alimentos por parte de sus padres a los menores de 18 requiere un análisis ponderado de la realidad que viven los jóvenes de esa edad. Igualmente, argumentaron que una disminución en la mayoría de edad tiene que ser gradual. Familia cualificó considerar su apoyo al proyecto a que se establecieran salvaguardas para garantizar el que los menores custodia del Estado pudieran recibir servicios luego de advenir a la mayoría de edad para que puedan lograr una transición exitosa hacia la adultez y el derecho de los alimentos de los jóvenes continúe hasta los 21 años.

 

El Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, se expresó en términos similares sobre el proyecto, y planteó que está de acuerdo en disminuir la mayoría de edad de 21 a 18 para uniformar la mayoría de edad a otras leyes que establecen derechos y responsabilidades a los y las jóvenes de 18 años. Los trabajadores sociales advirtieron que el proyecto debe contemplar una disposición para asegurar la protección de los jóvenes que habiendo cumplido los 18 años no tengan medios propios para su manutención o continuar estudiando.


Por su parte el Departamento de Justicia expresó preocupación sobre algunos efectos de la medida, particularmente en torno a los derechos a alimentos por parte de padres para las personas entre 18 y 21. Sin embargo, aseveró que jurídicamente no hay impedimento para que se legisle la mayoridad a los 18 y se mantenga la obligación alimentaria paterno filial hasta los 21.

 

"Tuvimos un buen diálogo sobre la necesidad de asegurarnos de que en cualquier cambio en torno a la mayoridad, nos aseguremos de proteger el derecho de los hijos e hijas entre 18 a 21 años a seguir siendo alimentados y asistidos en sus necesidades vitales, particularmente la de estudios universitarios hasta que advengan a la plena autosuficiencia. A la hora de decidir sobre el proyecto, tomaremos en cuenta las recomendaciones hechas, así como la jurisprudencia que le garantiza derecho a alimentos a estos ciudadanos", explicó el representante Luis Vega Ramos, presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara.

 

 

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