Lo Jurídico

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El Departamento de Justicia reconoció hoy que no interviene en el proceso de selección de jueces a menos que así lo pida Fortaleza y opinó que es necesario liberar de presiones políticas o de cualquier índole a los funcionarios de los tribunales, incluyendo a los fiscales. Las expresiones fueron hechas en la vista pública de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara, presidida por el representante Luis Vega Ramos, sobre la Resolución Concurrente de la Cámara 7 para enmendar la Constitución con el propósito que los nombramientos de los jueces de la Rama Judicial que no sean relativos a plazas de Juez del Tribunal Supremo, sean regidos por legislación especial para que el nombramiento no recaiga en ninguna de sus etapas en manos de la Rama Ejecutiva, ni de la Legislativa, intención con la que Justicia coincidió.

 

Justicia dijo que es necesario impulsar iniciativas legislativas que provean para el ejercicio de una función judicial totalmente imparcial. Señaló que PR es la única jurisdicción en el ámbito de los Estados Unidos cuyo nombramiento de fiscales lo realiza exclusivamente a Rama Legislativa y utilizó como ejemplo otros estados dónde el nombramiento de los fiscales lo realiza el Fiscal General, quien es elegido por el Gobernador, pero para ambos casos (electos o nombrados) es el Fiscal General quien tiene la potestad de nombrar al resto de los fiscales y de asignarle sus funciones. Expresó además que en España, el proceso de nombramientos queda totalmente excluidos de las esferas políticas y el mérito, lo único determinante. "La implementación de un escenario parecido al Español resultaría de mucho beneficio para nuestro Departamento y para quienes terminaran entrando al ministerio publico", sugirió el Departamento de Justicia. Sin embargo, reconoció la potestad de la Asamblea Legislativa para promover un cambio en el modo de nombramientos de los fiscales y pidió que sean los mejores cualificados y con mayor madurez profesional los que ocupen estos puestos, "en otras palabras que tengan exposición real a la práctica".

 

Por su parte la Jueza Administradora de Tribunales dijo que la medida legislativa debe ser objeto de revisión. "Tal y como está redactada la Resolución Concurrente de la Cámara 7 someterá a los jueces y juezas del Tribunal Supremo, y a los jueces y juezas de Tribunales de inferir jerarquía a distintos regímenes de selección sin esbozar una justificación expresa para ellos o un razonamiento lógico que se desprenda de la iniciativa legislativa. Dejaría también la designación de los jueces y juezas del Tribunal de Apelaciones y del tribunal de primera instancia a lo que se provea mediante legislación especial siempre que en tal designación no intervenga la rama ejecutiva, ni legislativa. Sin embargo, en lo que respecta a los jueces y juezas del más Alto Foro Judicial, se mantendría intacto el mecanismo de nominación por el Primer Ejecutivo del País y de consejo y consentimiento por parte del Senado de PR, sistema que la propia exposición de motivos de la medida identifica como un factor vulnerable el principio de independencia judicial", sostuvo.

 

El ex juez Ángel Hermida, expresó que "sólo con una enmienda constitucional se puede establecer un sistema con mejores posibilidades de proteger el sistema de nombramientos de jueces de la aciaga influencia del excesivo partidismo político".

 

"Evaluaremos todas las alternativas disponibles para mejorar y aumentar la confianza en la selección y evaluación de jueces y fiscales. No descarto proponer una enmienda constutucional para establecer una Comisión Independiente para Recomendar Nombramientos Judiciales que delimite el universo de candidatos a juez sobre el que pueda actuar el Gobernador. Tampoco descartó la propuesta del Secretario de Justicia César Miranda a los fines de que las renominaciones y ascensos de fiscales sean excluidas de la actual interacción de las Ramas Políticas", aseveró el presidente de la Comisión, Luis Vega Ramos.

 

El legislador adelantó que realizará vistas adicionales donde escuchará el sentir de juristas, constitucionalistas y el pueblo en general.

 

 

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