Los ex presidentes del Partido Popular Democrático, Victoria Muñoz Mendoza, Miguel Hernández Agosto y Héctor Luis Acevedo, urgieron del Gobernador Luis G. Fortuño que reconsidere la Ley Electoral que acaba de aprobar y adopte un camino de diálogo en vez de confrontación e imposición, de respeto a la intención del elector en vez de su anulación, de proteger el voto libre sin coacción, en vez de instigar la presión política indebida a empleados públicos como la policía y el respeto a la Constitución y no su abierta violación.

 

El Gobernador Luis G. Fortuño ganó las elecciones por 224,894 votos en el 2008 con la Ley Electoral que ahora ha enmendado destruyendo las mismas normas con la que llegó al poder.

 

¿Por qué tomó estas medidas contra nuestra democracia y nuestra Constitución que son los haberes principales de Puerto Rico? Reclamamos que el Gobernador no mancille la Constitución que juró defender, ni debilite la democracia que lo trajo a la gobernación. La presente Ley Electoral de esta semana, crea una crisis constitucional muy peligrosa para Puerto Rico.

 

Victoria Muñoz Mendoza expresó que las leyes electorales no se hacen para ganar votos sin para respetarlos, que las leyes son para darle validez a la voluntad de los electores, no para anularla, como hace esta ley con los votos mixtos conocidos como los pivazos. La democracia se nutre del respeto de todos y en particular del gobierno, de que quien manda es el pueblo y no sus delegados y que esa voluntad hay que honrarla con leyes y normas neutrales . Invalidando votos no es la forma democrática de ganar elecciones.

 

Miguel Hernández Agosto expresó que el voto libre de coacciones es una garantía constitucional y moral. En 1980 el voto adelantado de la Policía fue un ejemplo de imposiciones presiones y altercados que representaron una mancha en nuestra historia electoral. Eso se corrigió en 1983 limitando el voto adelantado al necesario según lo solicitó el Superintendente de la Policía. Ese límite de 2,500 nunca ha sido usado en su totalidad . Junto e a ese límite y otras disposiciones, se superó esa crisis y desde entonces por siete elecciones(1984-1988-1992-1996-2000-2004-2008) no ha habido ni un solo problema de seguridad, ni de votación. No hay razón legítima alguna para destruir ese consenso y regresar a los eventos desgraciados y superados de 1980.

 

Héctor Luis Acevedo expresó que el respeto a la Constitución es la base de la convivencia democrática y que este proyecto de manera abierta viola sus disposiciones la imponer una disposición dándole al pleno del Tribunal Supremo los poderes asignados la Juez Presidente de designar jueces para los proceso a electorales y ver las impugnaciones. La Ley Electoral de 1983 fruto del consenso ha presidido en paz siete elecciones en Puerto Rico en las cuales han resultado triunfadores diferentes partidos políticos y cuyas decisiones nunca han sido revocadas. Hasta ahora nunca se trató de destruir directamente sus bases fundamentales. Se crea con estas enmiendas una crisis constitucional y una crisis política donde no había ninguna. Uno no puede pretender perpetuarse en el poder arreglando a su conveniencia el sistema electoral y llamarse democracia.

 

Estas son algunas de las enmiendas destructivas:

 

1. Elimina el vota mixto conocido por los pivazos. Es la primera vez en nuestra historia que se quitan derechos a nuestros electores. En adición la legislatura no puede revocar por ley decisiones constitucionales del Tribunal Supremo. En el año 2004, 6.776 puertorriqueños ejercieron el voto de esa forma. Le estarían quitando el derecho al voto a miles de electores. Casualmente en 1968 Don Luis A. Ferré pidió el voto de populares que votaran por su insignia de la PAVA y votaran mixto por él y el Lcdo. Jorge Córdova Díaz (Ver libro del Dr. Guillermo Baralt Anejo I). Hoy su partido pretende anular ese voto.

 

2. Le da un golpe de estado a la Constitución de Puerto Rico al quitarle el poder al Juez Presidente del Tribunal Supremo de designar a los jueces que presiden las comisiones Locales y a los jueces para ver asuntos electorales trasladando ese poder al nuevo pleno del Tribunal al cual el Gobernador Fortuño a nombrado seis de sus nueve jueces en menos de dos años y medio. El Juez Presidente es el Administrador de los Tribunales y le están quitando ese poder para controlar las decisiones electorales y al Presidente de la CEE desde su origen. La Constitución aprobada en 1952 por 89 de sus 92 constituyentes designó al Juez Presidente como el administrador de los tribunales y específicamente le incluyó la facultad de asignar y trasladar jueces no al pleno del Tribunal . Ver el Informe de la Comisión de la Rama Judicial del 28 de de noviembre de 1951sometido por Don Ernesto Ramos Antonini y aprobado por la Convención Constituyente 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2613. (Ver Anejo II)

 

3. Elimina el límite del voto adelantado para la Policía de 2,500 rompiendo el acuerdo de 1983 a pesar de que nunca ha existido problema con ese número y que el mismo fue fijado en consulta con el Superintendente. Esta abre las puertas a repetir la coacción de 1980 sobre los miembros de ese cuerpo para conocer y coaccionar su voto. Extiende ese peligro a más de 18,000 personas. Nunca la Policía ha solicitado más votos adelantados que ese número porque nunca los ha necesitado. La única razón es coaccionarlos como en 1980, donde ese voto decidió las elecciones.

​1996- 1,720 -votos adelantados de la Policía

​2000- 1,615 -votos adelantados de la Policía

​2004- 1,673- votos adelantados de la Policía

​2008- 2,311- votos adelantados de la Policía

(Ver Anejo III)

 

4. Restablece el llamado "mantengo electoral" para el PIP y otros partidos por un millón de dólares. Un regalito envuelto para proliferar los partidos nuevos en busca de recursos a costa del pueblo de Puerto Rico y en contra del Programa del PNP. En la elección pasada el PIP no levantó nada, ni el partido PPR de Rogelio Figueroa (ni un centavo, ninguno de los dos, ver Informe 2008- Anejo IV) y tomaron $3 millones de dólares de fondos públicos. En adición se le reduce de 5% a 3% las peticiones de inscripción para los nuevos partidos. La intención es diluir cualquier oposición a costa del dinero del pueblo. (Ver Anejo IV).

(Artículo 7.001(4)) promoviendo con millones de dólares de fondos públicos de esta manera la proliferación de múltiples partidos aunque no tengan respaldo electoral.

 

5. Provoca un posible caos en los colegios de votación al aumentar unilateralmente el número de funcionarios de colegio a más de treinta (30). Esta disposición insertada calladamente responde a problemas internos dentro del partido de gobierno pues hoy todos los partidos tienen derecho a tres funcionarios de colegio por cinco partidos, son quince. Ahora se les añaden funcionarios de colegios por cada candidato a legislador en cada colegio. El PNP y el PPD postulas seis candidatos al Senado y a la Cámara por acumulación que suman veinticuatro , más el PIP y el PRP y los de distrito suman más de treinta. Un caos . Esta medida jamás ha sido siquiera mencionada y menos discutida. (Ver Artículo 5-009)

 

6. Eliminan otro acuerdo de 1983 y reinstalan las recusaciones por residencia el día de las elecciones, lo que causó impugnaciones que mantuvieron a pueblos sin alcaldes electos por meses como fue Aguas Buenas en 1980. Esta disposición produjo de miles de recusaciones y confrontaciones en los colegios y por eso por acuerdo unánime se eliminó y ahora reaparece de manera unilateral y sin discusión.

 

7. Las impugnaciones de elecciones se tendrán que radicar en San Juan aunque sean de pueblos distantes ante una Junta de tres jueces designadas por el pleno del tribunal Supremo en contra de la Constitución del acuerdo de 1983 de que los casos se verían es sus distritos judiciales. (Artículo 3.008)

 

8. Le quitan la garantía acordada en 1983 de más de un partido tendrá que asentir al nombramiento del Presidente de la CEE (tres cuartas partes del los cuerpos legislativos) y ahora solo requieren menos de la mayoría que tiene el PNP en los cuerpos legislativos. Lo cambiaron a última hora sin discusión alguna. (Artículo 3008).

 

El Gobernador Fortuño está a tiempo de rescatar al país de este curso de acción tan destructivo a nuestros más preciados valores. Gobernador no desperdicie esta oportunidad. La democracia hay que defenderla con hechos más que con palabras.